El futuro del muelle industrial de Granadilla, en entredicho

Puertos pide una fianza de 31 millones a Ben Magec

Los trabajos permanecerán parados hasta el próximo martes

Imagen de la comparecencia que se celebró ayer en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la capital grancanaria. EFE

BLANCA SALAZAR-AGENCIAS | ARONA El abogado de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que levante las medidas cautelares que impiden continuar con la construcción de un puerto industrial en Granadilla y, además, ha solicitado que el TSJC exija a los demandantes (Ben Magec Ecologistas en Acción) un aval de 31 millones de euros en caso de que mantenga la medida cautelar, pues dijo que es lo que se calcula de pérdidas de Fondos Europeos si la construcción del puerto estuviera paralizada nueve meses.
Frente a esa petición, el presidente de Ben Magec, Fran Castro, indica que su letrado ha planteado al TSJC que la decisión judicial de impedir la destrucción de una especie protegida mientras decide si ha sido o no ilegal que el Gobierno de Canarias la desprotegiera para construir el puerto, "no puede estar en función del poder adquisitivo del denunciante, sino de si se considera que es de justicia suspender cautelarmente el daño que se pudiera ocasionar" en este caso, a la especie Cymodocea nodosa (sebadal) del litoral de Granadilla.

Antecedente palmero.
Para el colectivo ecologista denunciante, si se levanta la suspensión cautelar que garantiza que los sebadales de Granadilla vuelvan a a estar protegidos, pasaría como con la construcción del puerto de La Palma, que en el año 1997, una vez construido, fue declarado ilegal por no cumplir con los condicionantes ambientales que había denunciado cuatro años antes el colectivo ecologista ATAN, y para cuya suspensión cautelar se impuso a esa asociación un aval de doscientos millones de pesetas. Pero, según Castro, en el caso de Granadilla "está clarísimo que hay que parar las obras para evitar un daño irreparable a una especie protegida" cuya conservación, prosigue, "es más importante que el poder adquisitivo de la ONG denunciante".
En cuanto a la comparecencia de las partes celebrada ayer en Las Palmas de Gran Canaria ante los tres magistrados del TSJC encargados de este caso para decidir si se mantienen las medidas cautelares, decisión para la que tienen de plazo hasta el martes, Ben Magec aportó como pruebas documentales informes acerca de la importancia de los sebadales en Granadilla sobre los existentes en toda Canarias, los porcentajes "reales de afección" sobre el global de la especie protegida, además de un documento que recoge que la Cymodocea nodosa, según el Consejo de Estado está dentro del Convenio de Berna como "flora estrictamente protegida".
Según este colectivo, los letrados de la Autoridad Portuaria y del Gobierno canario alegaron ayer "barbaridades como que el puerto de Granadilla iba a suponer una mejora para el estado de las poblaciones de sebadales situadas al Sur de la infraestructura".

"Falsedades".
Por su parte, el abogado de la Autoridad Portuaria argumentó que en el escrito de la parte denunciante hay "numerosos errores y falsedades no dolosas porque no han leído completo el documento del Gobierno, así como una manipulación del informe". En este sentido, manifestó que los demandantes denuncian que la obra no tiene autorización del Ministerio de Fomento, un extremo que "no hace falta, pues no es una obra de puertos nueva sino que está integrada en el ya existente".
También defendió el interés general del puerto de Granadilla, avalado "por las Cortes Generales, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de España que lo solicita a Europa, quien determina en 2006 que hay razones imperiosas para que se lleve a cabo". Y expuso que si el procedimiento durara nueve meses, habría unas pérdidas de entre 31 y 74 millones de euros, por lo que consideró la necesidad de que se levante la medida cautelar o al menos se arbitre la caución para compensar posibles pérdidas.
La abogada que representa al Gobierno de Canarias negó que haya amenaza para la especie descatalogada en la zona del Puerto de Granadilla, porque sólo afecta a un 1,26 por ciento de la población de esta especie vegetal que existe en Canarias.
Fuera de los juzgados, se aprecian cada día posturas más encontradas y casi radicalizadas en torno a este puerto. Mientras unos luchan por parar definitivamente la obra, otros defienden a capa y espada esa infraestructura y el empleo que, según ellos, implicaría

fuente:
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022800_2_203125__TENERIFE-Puertos-pide-fianza-millones-Magec